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Reforma a energías renovables: ¿cómo vamos?

11 enero, 2018

La anterior entrega en este espacio concluyó con la necesidad de apostar por tecnologías y energías renovables, las cuales son impulsadas principalmente por la Estrategia Nacional y la Ley General de Cambio Climático, así como la Reforma Energética a través de siete Leyes Secundarias. México tiene una dependencia altísima de los combustibles fósiles, pero igualmente cuenta con potencial de generación energética renovable de más de 200,000 megavatios a través de sus formas fotovoltaica, térmica, eólica, mareomotriz, nuclear, geotérmica, hidráulica y de biomasa. Dado que aprovechamos menos del 7% de todo ese potencial, y ante el reto de contaminar menos al abastecernos de energía, cabe la pregunta ¿cómo vamos con respecto a las energías renovables?

Comenzando por la fase de planeación, la Secretaría de Energía ha anunciado que espera que para el año 2018 se duplique la capacidad de generación eléctrica de fuentes renovables lograda en 2012. Para ello se tendrá que romper cada año el récord de inversión en la materia. Además, se ha puesto en la Ley que para 2024 el 35% de la energía eléctrica producida deberá venir de energías limpias. También se ha anunciado que en cuatro años habrá una empresa nueva de energías renovables por cada cinco existentes, así como inversiones cercanas a los 8,000 millones de dólares. (Aguirre, 2014)

Haciendo un diagnóstico sintético de los principales obstáculos para el avance de las energías renovables, encontramos los siguientes problemas:

  • El diagnóstico de las necesidades de energía renovable y su relación con el cambio climático, avanza mucho más rápido que la implementación. Las acciones para lidiar con el problema tardan entre meses y años en llevarse a cabo.
  • Los incentivos fiscales y de inversión en energías renovables son insuficientes, la regulación energética es restrictiva y el precio de las energías contaminantes es mucho más bajo que el de las energías limpias.
  • Falta desarrollo tecnológico en el país y los mecanismos de transferencia tecnológica aún no son óptimos.
  • Existen temas por resolver en la legislación, y varios temas coyunturales derivados de la Reforma Energética están en espera de ser discutidos.

 

Antes y después de la Reforma Energética

Pasando a la fase de implementación, desde hace más de 10 años se ejecutaron mecanismos a través de la Comisión Federal de Electricidad para aumentar la generación de energía eléctrica renovable. La energía eólica ha tenido el cambio más dramático, pues los 85 megavatios instalados en 2008 crecieron a 2,100 megavatios para este año, con un crecimiento impresionante de 71% cada año. Asimismo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas de 2012, que permitió un marco de trabajo más abierto para la generación de energía, ha permitido anunciar inversiones multimillonarias en energías renovables.

Los proyectos siguieron implementándose con menos velocidad durante las negociaciones y la promulgación de la Reforma Energética; sin embargo, algunas reglas han cambiado, por lo que los actores están estudiando el nuevo marco de trabajo general y las actividades se acelerarán próximamente.

Quedan diversos flecos que deberán ser resueltos con la aprobación de nuevas leyes y reglamentos. El primer punto crítico por resolver es si la transición energética será un programa o una ley. Hasta ahora se ha presentado el Programa para la Transición Energética, del que emana el compromiso federal de duplicar la capacidad de generación eléctrica renovable. El documento final deberá describir las etapas de transición y consolidación de las energías renovables como mecanismo de diversificación. Para garantizar su cumplimiento, los expertos esperan se eleve al rango de ley, lo cual parece cada día menos viable. Paralelamente, el segundo punto crítico es si se logrará o no la meta del 35% de generación de energías limpias para el 2024, pues es optimista pero difícilmente lograble. Para cumplir el objetivo, se tendrían que crear estímulos financieros específicos, mejorar los incentivos en los contratos y garantizar un mejor funcionamiento de la red eléctrica. (McGovern, 2014)

El tercer punto crítico será el esquema tarifario de la energía. Sería conveniente encontrar el modelo Feed-In-Tariffs, o tarifas de medición neta, que se implementa en más de 25 países. Este marco de trabajo es una política pública que ofrece contratos de largo plazo en energías renovables, basado en el costo de generación de cada tecnología. En lugar de ofrecer una tarifa única en el costo eléctrico, el precio final reflejará los costos de generación, por lo que se estimula la inversión en tecnologías y se disminuyen los costos. En el largo plazo, el ritmo de inversión se acelera.

Estos temas, entre otros, llevan hasta tres meses de retraso en su discusión, pero se espera que ahora sí sean resueltos en noviembre de este año. La demora de estos mecanismos ha impacientado a la comunidad internacional, pues las leyes ya promulgadas no son claras al respecto. Las preguntas más importantes son: ¿Cuál es la definición de una energía renovable y cómo se distingue de una no renovable? ¿Habrá un esquema de subsidios? ¿Cuáles serán los esquemas de procuración de energías limpias? ¿Cómo serán otorgados? ¿Cuál es la visión de muy largo plazo de este proyecto? Habrá que darles seguimiento, pues establecerán las reglas de operación de mercado, los lineamientos técnicos y el marco de trabajo de las energías renovables. Unas 80 nuevas licitaciones vendrán justo después de su aprobación.

Los incentivos para combatir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) serán otro punto crucial por definir. Se ha especulado que habrá un impuesto al carbono complementado por un programa que incluya emisiones certificadas y deducibles de impuestos, lo cual sería un incentivo para invertir en energías renovables. Este modelo es similar al que se utiliza en el Protocolo de Kioto, en el que se ‘bursatilizaron’ toneladas de dióxido de carbono. Otros mecanismos que se explorarían en este tiempo son la eliminación de aranceles en tecnologías estratégicas como la solar, así como la realización de subastas de energía renovable y la creación de subsidios focalizados. ¿Cómo serán las certificaciones de carbono? ¿Cómo se determinará su precio? ¿Cómo se aplicará la ley? Estas preguntas no serán respondidas sino hasta alrededor de febrero del próximo año.